|
a)
Investigación cualitativa y cuantitativa del marco económico
financiero empresario ATCE
S.A., empresa polifuncional de servicios de investigación de mercado, ha
elaborado un informe que – en una breve y apretada síntesis -, se
transcribe para conocimiento de nuestros clientes y vinculados.
Consideramos que la opción resultará atractiva para su análisis y
comprende la aplicación del equilibrio presupuestario y el resultado de
gestión, interpretado en función del mercado y de la política económica.
Ninguna
empresa que se precie de tal puede renunciar a gobernar en el mercado.
Esto significa que en materia de orden financiero, nada mas ni nada menos
que se deben implementar políticas de erogaciones eficientes en cuanto a
su productividad, sustentables en lo que se refiere a la capacidad de
administración y que se solventarán y basarán eficazmente en el alcance
de los recursos y solidarias en términos de la atención de las
obligaciones contraídas. Es el eterno dilema del gobierno acerca de cómo
siempre que protegería a los mas desprotegidos. Una
correcta administración no
puede gastar indefinidamente los recursos que no se obtienen en forma
genuina, dado que seria imposible materializar una posición de equilibrio
se mantendría en una crisis financiera permanente. Tampoco puede
limitar su acción al cumplimiento del equilibrio presupuestario, olvidándose
de atender aquellos requerimientos emergentes de la actividad, puesto que
ello no seria administrar seria o sabiamente los recursos. Esta definición
económica, compartida por todos los hombres que gerencian y dirigen las
empresas, se ha incorporado progresivamente en el plano normativo a través
del funcionamiento de un buen sistema orgánico que cada empresa aplica de
acuerdo a su tecnología en el tratamiento de las finanzas. La
formulación, aprobación y ejecución del cash-flow deberá ajustarse a
un estricto equilibrio económico-financiero, intergerencial, en el cual
no se autorizarán gastos sin la previa fijación de los recursos
realmente disponibles y su respectiva aprobación. La
empresa determinara las responsabilidades emergentes de la inobservancia
del equilibrio económico-financiero, tanto en la aprobación como en la
ejecución, siendo de aplicación las sanciones previstas mediante una
reglamentación a tal efecto, reglamentación que estará a cargo de un
comité no burocrático de representantes del Directorio y de
departamentos circundantes con aquellos que se hallen ligados a
administración y finanzas. Posteriormente,
limitando el cumplimiento estricto del equilibrio financiero, las etapas
de formulación y aprobación del Cash-Flow devengarán una posición de
racionabilidad causado en el cálculo de las erogaciones, las cuales deberán
ser posicionadas por un período de 180 días máximo. En
lo que respecta a la ejecución del posicionamiento, se determino que “deberá
adecuarse al objetivo de la ecuación ingreso/gasto/inversión”. Lo
cual indica que los administradores deberán
interpretar que el objetivo es la tendencia al equilibrio entendido
como la posibilidad real y concreta de sostener a mediano y largo plazo la
gestión financiera de todas las empresas, y no el equilibrio aritmético
puntual, exacto, de las cuentas que significan erogaciones. Asimismo, y a efectos de contemplar el
tratamiento de situaciones que merecieran consideraciones puntuales, que
en sus partes sustantivas disponen que
“se considerará que se preserva el objetivo del equilibrio
financiero en aquellos casos de desvíos cercanos al equilibrio, siempre
que se presente la fundamentación que lo justifique, y esta resulte
aceptable para el Directorio, o en todo caso para los niveles gerenciales
de seguimiento y control de gestión, que a su vez se pronunciará a través
de un informe técnico-económico-financiero”. Cuando
se considere necesario, para tener por cumplido el objetivo de equilibrio
financiero, se requerirá de la empresa un programa de metas a
cumplimentar en los ejercicios siguientes, considerando a los mismos bajo
el carácter de devengamiento y cálculo por exceso. Esta ruptura del
equilibrio será evaluada por una Comisión de Evaluación integrada a
tales efectos por el Directorio de la Empresa. Establecidas las pautas y
acordadas con los Departamentos Intervinientes en la ruptura del
equilibrio, podrá la citada Comisión de Evaluación considerar
justificados los desvíos en la ejecución. PRIMERA
CONCLUSION El marco corporativo en materia
financiera ha ido acompañando una estrategia firme de gerenciamiento,
que la mayoría de las empresas ha
hecho propia: el equilibrio presupuestario es un objetivo que se logra
mediante una política responsable de las finanzas privadas, que sostenida
en el tiempo, muestra una tendencia al saneamiento definitivo de las
finanzas corporativas. Estas situaciones merecen una certidumbre y precisión
a fin de comprender situaciones que, dentro de los objetivos sociales y
estamentos burocráticos, merecen un tratamiento específico para
dictaminar sobre las ejecuciones de los Cash-Flow en ejecución con todos
los elementos de juicio necesarios en un marco de absoluta transparencia. SEGUNDA
CONCLUSION Si
todas las medidas propuestas no son tomadas en forma rigurosa, nos
encontraremos que dentro de las empresas se hará presente “La larga
sombra de la pobreza” La
desigualdad en la distribución del ingreso y, más específicamente, la
pobreza y dificultad en la obtención de los ingresos, constituyen, a los
ojos de buena parte del mercado empresarial, uno de los flancos más débiles
de la administración. Desde las Cámaras de Comercio, sin embargo, suele
responderse con datos de índole razonable y que son de conocimiento público. Los
últimos indicadores de dificultades en atención de las obligaciones
constituidas por las empresas, nos indican que el 34% de las mismas no
disponían de los ingresos necesarios para acceder a esquema básico de
autofinanciamiento. Sin
embargo, si se examina la cuestión en términos de largo plazo, puede
apreciarse un comportamiento revelador. El porcentaje de empresas
ubicados por debajo del autofinanciamiento se triplicó entre 1980 y 1998.
Durante los años '70, antes de la crisis de la deuda, la inadecuada
distribución de los ingresos
no constituían, aún en contextos de inflación cambiante, un problema
acuciante en la Argentina. El índice de empresas con necesidades básicas
de financiamiento era relativamente bajo, inferior a los que exhibían la
mayoría de los países de América latina y otros con niveles de ingresos
similares a los argentinos. Al
mismo tiempo, al intentar la redistribución del ingreso, medida con los
indicadores habituales, se comparaba favorablemente con la de estos países
e incluso con la de gran parte de las economías desarrolladas. Los
recursos provenientes de actividades con un alto contenido de renta,
fundamentalmente explotaciones agropecuarias extensivas, permitían
estimular el crecimiento de industrias con salarios relativamente altos y
muy elevados niveles de ocupación. El funcionamiento de un sistema de
seguridad social en maduración permitía, al mismo tiempo, niveles razonables
de beneficios. Aunque
esta situación mostraba signos de inestabilidad y tasas de inflación
crecientes, se pudo sostener a costa de un fuerte endeudamiento externo en
la segunda mitad de la década de 1970, lo que perjudicó por entonces al
famoso “compre nacional”. Las políticas de apertura debilitaron
enormemente el potencial de los ingresos y el margen de rentabilidad
empresario. El
panorama cambió radicalmente a partir de la crisis de la deuda a
principios de los años '80. Los niveles de falta de ventas abiertas, que
desde fines del siglo pasado eran insignificantes, empezaron a crecer. Los
sectores manufactureros, que habían sido tradicionalmente una fuente importante
de absorción de mano de obra, crecían menos o se estancaban y expulsaban
empleo en términos absolutos. El salario real cayó y la desocupación (abierta
u oculta) aumentó hasta niveles relativamente altos primero y hasta
cifras récord más recientemente. Al mismo tiempo, los sistemas de
seguridad social entraron en crisis. Como consecuencia, aparecieron síntomas
claros de una pobreza creciente y una notoria concentración del ingreso.
La traslación de este fenómeno tiene una recurrencia exclusiva hacia las
fuentes de trabajo. A fines de los '80, la organización económica
imperante entró en una fuerte crisis, que desembocó en las
hiperinflaciones de 1989 y 1991 partir de 1991 se inició un
importante proceso de reformas estructurales
que continúa aún hoy. Uno de los
hechos más llamativos es que, durante un período de crecimiento
económico sostenido, los indicadores de insatisfacción o insuficiencia
de financiación se mantuvieron siempre en niveles elevados. Se
puede hablar, además, de un cambio cualitativo en el nivel del
autofinanciamiento, en concordancia con el incremento de obligaciones
basadas en sistemas financieros perversos. Entre 1985 y 1989, los
incrementos en los
indicadores de autofinanciación esta
asociados con elevadas tasas de inflación. El año 1991 marca un punto de
inflexión, en el que la inflación se reduce drásticamente mientras que
la redistribución del ingreso comienza a
empeorar, y muestra una
dimensión hasta ese momento desconocida en la carencia de
soluciones para subsanar el endeudamiento de las empresas en la Argentina:
los más carentes de recursos entre
los carentes se ven perjudicados a pesar de la reducida inflación y de
las elevadas tasas de crecimiento, las cuales no pueden ser usufructuadas
por mermas cuyo origen financiero resulta evidente. |